El Gobierno recurre ante el Constitucional la Ley de Derecho Civil de Galicia por considerar que extralimita las competencias autonómicas
El Consejo de Ministros aprobó la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Lei de Dereito Civil de Galicia. En concreto, según informa la referencia del Consejo, la norma autonómica regula «con carácter general y de manera exhaustiva la adopción y la autotutela, instituciones ambas que carecen de antecedentes en la legislación civil gallega y exceden las competencias atribuidas a la comunidad autónoma».
De esta forma, el Gobierno entiende que se exceden las competencias para la conservación, modificación y desarrollo del derecho civil gallego, «al tiempo que vulneran las competencias exclusivas del Estado sobre legislación civil, de acuerdo con el artículo 149.1 de la Constitución».
Por su parte, la Xunta anuncia que defenderá con "argumentos políticos y jurídicos suficientes" la norma gallega, que fue aprobada por unanimidad por el Parlamento de Galicia. En concreto, el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Anxo Quintana, consideró "un grave error" el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno central ha decidido interponer contra la Ley de Derecho Civil de Galicia. Tras conocer la noticia, Quintana manifestó que el Estado está "en su derecho a recurrir al Tribunal Constitucional si considera que hay conflicto de competencias", pero aseguró que la Administración gallega dispone de "argumentos políticos y jurídicos suficientes" para defender que se trata de una norma "que está de acuerdo con derecho y con la Constitución".
Recordó que se trata de una ley aprobada por "unanimidad", en junio de 2006, por todas las fuerzas que integran el Parlamento de Galicia y que la Administración gallega "intentó evitar" el recurso de inconstitucionalidad a través del "diálogo" y de "una flexibilización de su postura", buscando una redacción del texto para "eludir cualquier conflicto jurídico".
El vicepresidente de la Xunta argumentó que el Estado "tiene que darse cuenta de que el Derecho Civil gallego es un derecho vivo y que evoluciona en el tiempo". También defendió que "se tiene que dar cuenta que es totalmente legítimo y normal que Galicia aspire a desarrollar, tanto sus instituciones de gobierno como sus marcos legislativos". "Y desde luego nadie puede pensar que el ámbito de las adopciones estaría minimizado o peor atendido porque formasen parte del cuerpo del Derecho Civil de Galicia", advirtió.
Según dijo, estas cuestiones fueron defendidas "con toda normalidad". Precisamente, el pasado martes el propio Quintana se desplazó a Madrid para entrevistarse con la secretaria de Estado de Cooperación Territorial, Ana Leiva, en el marco de la Comisión Bilateral Gobierno-Xunta, en un encuentro en el que se acordó trabajar esta semana para intentar llegar a un acuerdo sobre la Ley de Derecho Civil de Galicia.
Anxo Quintana admitió que, tras el anuncio del recurso, parece que los argumentos políticos presentados por la Administración gallega "desgraciadamente no ha servido para convencer". Sin embargo, insistió en que piensa que el Gobierno central "se equivoca" y aseguró que Galicia "tiene argumentos políticos suficientes, que hemos utilizado hasta ahora, y muchos argumentos jurídicos para exponer donde convenga y haga falta". Recordó que, desde que la nueva Xunta inició su andadura, siempre dijo que "una de nuestras misiones es educar a Madrid en el respeto por Galicia". Defendió que este proceso educativo "está bien dirigido y ha dado pasos importantes", pero admitió que "como en todo proceso hay recaídas". "Y desgraciadamente el Gobierno central comete en esta ocasión un error grave, pero tampoco es el fin del mundo", aseveró.
El vicepresidente de la Xunta reconoció que la Administración gallega "va a explorar siempre" todos los márgenes de negociación posibles. Insistió en que la Ley de Derecho Civil de Galicia fue aprobada "por unanimidad por el Parlamento gallego y, por lo tanto, no es una ley del gobierno, es una ley de todo el arco parlamentario en su conjunto". Añadió que piensa que "es un error recurrir al Constitucional una ley aprobada por unanimidad" y aprovechó para agradecer el "nivel de colaboración" mostrado por todas las fuerzas políticas gallegas, que en los últimos días permitió nuevas propuestas que flexibilizaban la postura gallega para intentar un punto de acuerdo, que finalmente no fue posible.
No obstante, Quintana aseguró que la Administración gallega "va a seguir en ese camino". "Siempre que haya una posibilidad de diálogo allí va a estar el Gobierno gallego", afirmó, aunque recordó que el recurso lo interpone la Administración del Estado.
De esta forma, el Gobierno entiende que se exceden las competencias para la conservación, modificación y desarrollo del derecho civil gallego, «al tiempo que vulneran las competencias exclusivas del Estado sobre legislación civil, de acuerdo con el artículo 149.1 de la Constitución».
Por su parte, la Xunta anuncia que defenderá con "argumentos políticos y jurídicos suficientes" la norma gallega, que fue aprobada por unanimidad por el Parlamento de Galicia. En concreto, el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Anxo Quintana, consideró "un grave error" el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno central ha decidido interponer contra la Ley de Derecho Civil de Galicia. Tras conocer la noticia, Quintana manifestó que el Estado está "en su derecho a recurrir al Tribunal Constitucional si considera que hay conflicto de competencias", pero aseguró que la Administración gallega dispone de "argumentos políticos y jurídicos suficientes" para defender que se trata de una norma "que está de acuerdo con derecho y con la Constitución".
Recordó que se trata de una ley aprobada por "unanimidad", en junio de 2006, por todas las fuerzas que integran el Parlamento de Galicia y que la Administración gallega "intentó evitar" el recurso de inconstitucionalidad a través del "diálogo" y de "una flexibilización de su postura", buscando una redacción del texto para "eludir cualquier conflicto jurídico".
El vicepresidente de la Xunta argumentó que el Estado "tiene que darse cuenta de que el Derecho Civil gallego es un derecho vivo y que evoluciona en el tiempo". También defendió que "se tiene que dar cuenta que es totalmente legítimo y normal que Galicia aspire a desarrollar, tanto sus instituciones de gobierno como sus marcos legislativos". "Y desde luego nadie puede pensar que el ámbito de las adopciones estaría minimizado o peor atendido porque formasen parte del cuerpo del Derecho Civil de Galicia", advirtió.
Según dijo, estas cuestiones fueron defendidas "con toda normalidad". Precisamente, el pasado martes el propio Quintana se desplazó a Madrid para entrevistarse con la secretaria de Estado de Cooperación Territorial, Ana Leiva, en el marco de la Comisión Bilateral Gobierno-Xunta, en un encuentro en el que se acordó trabajar esta semana para intentar llegar a un acuerdo sobre la Ley de Derecho Civil de Galicia.
Anxo Quintana admitió que, tras el anuncio del recurso, parece que los argumentos políticos presentados por la Administración gallega "desgraciadamente no ha servido para convencer". Sin embargo, insistió en que piensa que el Gobierno central "se equivoca" y aseguró que Galicia "tiene argumentos políticos suficientes, que hemos utilizado hasta ahora, y muchos argumentos jurídicos para exponer donde convenga y haga falta". Recordó que, desde que la nueva Xunta inició su andadura, siempre dijo que "una de nuestras misiones es educar a Madrid en el respeto por Galicia". Defendió que este proceso educativo "está bien dirigido y ha dado pasos importantes", pero admitió que "como en todo proceso hay recaídas". "Y desgraciadamente el Gobierno central comete en esta ocasión un error grave, pero tampoco es el fin del mundo", aseveró.
El vicepresidente de la Xunta reconoció que la Administración gallega "va a explorar siempre" todos los márgenes de negociación posibles. Insistió en que la Ley de Derecho Civil de Galicia fue aprobada "por unanimidad por el Parlamento gallego y, por lo tanto, no es una ley del gobierno, es una ley de todo el arco parlamentario en su conjunto". Añadió que piensa que "es un error recurrir al Constitucional una ley aprobada por unanimidad" y aprovechó para agradecer el "nivel de colaboración" mostrado por todas las fuerzas políticas gallegas, que en los últimos días permitió nuevas propuestas que flexibilizaban la postura gallega para intentar un punto de acuerdo, que finalmente no fue posible.
No obstante, Quintana aseguró que la Administración gallega "va a seguir en ese camino". "Siempre que haya una posibilidad de diálogo allí va a estar el Gobierno gallego", afirmó, aunque recordó que el recurso lo interpone la Administración del Estado.
R.