Expertos en Compliance destacan la necesidad de implementar sistemas de gestión en prevención de riesgos penales para conseguir empresas más éticas y competitivas

El II Congreso Gallego de Compliance está organizado por Cremades & Calvo-Sotelo Abogados y QualityNova Consultores. Colaboran el Concello de Vigo, la Xunta de Galicia, la Asociación Española de Compliance (ASCOM), el Círculo Financiero de Galicia, el Círculo de Empresarios de Galicia, MundiNova Consultores de Comunicación, Landín, Digamel, la Fundación Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña y el Colegio de Economistas de Pontevedra.

El II Congreso Gallego de Compliance ha sido inaugurado por la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán; el director del IGAPE, Juan Cividanes; el socio responsable del Área de Compliance de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados y director académico del Congreso, Alberto García-Ramos; y el director general de QualityNova Consultores y director técnico del Congreso; Diego Maraña.

Durante su intervención, Áurea Roldán ha indicado cuál es el presente del Compliance en España y cómo se presenta su futuro. En este sentido ha afirmado que nuestro país ha adoptado estos sistemas de cumplimiento normativo con retraso respecto a los países anglosajones, pero que paulatinamente, y gracias a los cambios legales que se han producido en los últimos años y a las demandas de la sociedad por unas empresas y administraciones más éticas, el Compliance está cobrando protagonismo en España. Por su parte, Juan Cividanes, ha destacado que la cultura empresarial que integra el Compliance aporta seguridad jurídica y facilita nuevas oportunidades, tanto a los autónomos como a las pymes y grandes empresas, dado que permite acceder a nuevas oportunidades, desde la financiación hasta la reducción de costes funcionales, pasando por la mejora de la organización interna y de la seguridad y el ambiente laboral.

Asimismo, Alberto García Ramos ha insistido que en el ámbito empresarial la abogacía debe migrar de un sistema reactivo a uno preventivo, ya que solo así funcionará el Compliance; mientras que Diego Maraña ha puesto el foco en la necesidad de sensibilizar a las empresas de que el cumplimiento normativo no es algo ajeno a ellas y es fundamental que implementen sistemas de gestión en prevención de riesgos penales para conseguir empresas más éticas y competitivas.

Compliance en el entorno empresarial

En el II Congreso Gallego de Compliance han participado como ponentes profesionales de referencia en Compliance pertenecientes al entorno jurídico, académico, empresarial y de la administración, como María Posada Enríquez, secretaria del Consejo de Xesgalicia; Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III; Juan Carlos Aladro, Fiscal Jefe Provincial de Pontevedra; Miguel Abel Souto, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela y experto mundial en prevención del blanqueo de capitales; o Jaime Aneiros, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo; entre otros. Asimismo, directivos y responsables del área de Compliance de empresas como Abanca, el Grupo Pérez Rumbao, Inveravante, Navantia o Grupo Nueva Pescanova han expuesto aspectos prácticos para implantar y gestionar un programa de Compliance.

En las diferentes ponencias se ha insistido en los beneficios que puede aportar un programa de Compliance en una empresa, entre los que destaca ya no solo la posibilidad de eximir a la compañía de la responsabilidad penal de un delito cometido por un empleado, sino que ofrece ventajas que recaen en la propia gestión de la compañía al mejorar sus procesos internos de detección de fraude y establecer prácticas éticas y sostenibles que contribuyen a incrementar la reputación de la firma.

Además, se han explicado los principales requisitos que tienen que tener un programa de prevención de riesgos legales, que puede ser certificable mediante la norma de calidad UNE 19601, que supone una expresión externa ante inversores, clientes y proveedores del compromiso de la empresa en adoptar prácticas más éticas y fomentar una cultura de cumplimiento de la ley.