PSdeG y BNG aprueban la Lei de Emerxencias de Galicia. El PPdeG se opuso y la calificó de "churro"

El Parlamento gallego ha aprobado, con el voto en contra del PPdeG, la Lei de Emerxencias que dotará a la comunidad en tres años de un servicio profesional e integral y con cobertura plena para hacer frente a las emergencias. El texto final elaborado por la ponencia y aprobado hoy incorpora 67 enmiendas, 12 del PPdeG, 29 del BNG y 26 del PSdeG.

El conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, tomó la palabra en el pleno para destacar que se trata de una "ley inédita en el ordenamiento jurídico gallego" y explicó que "persigue como objetivo fundamental ampliar la cobertura del servicio" de protección a la ciudadanía gallega. Méndez Romeu aseguró que en la actualidad un tercio de los gallegos no disponen de un servicio de protección adecuado y subrayó que con en nuevo texto legislativo se logrará una "profesionalización de los servicios de emergencias", ya que "el voluntariado no puede sustituir nunca a profesionales bien formados".

La Ley de Emergencias es la primera que regula esta materia en Galicia y pretende lograr "plena homogeneidad" en los servicios de emergencias y en la cobertura integral del territorio gallego en un plazo de tres años. El texto establece la distribución de las responsabilidades públicas en materia de Protección Civil y gestión de emergencias, de tal forma que a la Xunta le corresponde la coordinación y dirección de Protección Civil, la gestión de servicios de forma unitaria y la gestión de las emergencias que superan los medios de respuesta de las administraciones locales. La nueva normativa también implicará la formación y homologación de todos los profesionales vinculados a las emergencias y prevé la entrada en funcionamiento de la Axencia Galega de Emerxencias, que será la encargada de ejecutar la política autonómica de esta materia.

Frente a ello, el diputado del PPdeG Manuel Ruiz criticó la nueva ley y concluyó que su formación no apoyará "churros legislativos". Según manifestó, al texto le falta "estudio, reflexión y sensatez" en su elaboración, circunstancia que achacó al deseo de la Xunta de "recuperar una promesa incumplida trayendo leyes". El parlamentario popular recordó que en esta tramitación se aceptaron 60 enmiendas planteadas por los grupos que apoyan al Gobierno e interpretó que este "récord" supone una "moción de censura" a la ley y a la propia Xunta. Asimismo, denunció que el texto normativo olvida el modelo anterior de gestión de emergencias puesto en marcha por el Ejecutivo del PP, reduce la atención a la Protección Civil, falla en la coordinación administrativa y crea "un nuevo chiringuito en el que se amparan para huir de lo público", en alusión a la Axencia Galega de Emerxencias.

Los representantes de PSdeG y BNG replicaron a las críticas del PP y, concretamente, el diputado nacionalista Pablo González Mariñas aseguró que "en otros tiempos" se usaban estos entes "como huida del derecho administrativo para tener las manos libres", pero ahora se trata de "una entidad de derecho público que se ajusta al derecho administrativo". Asimismo, elogió la nueva ley y aseguró que "no supone en absoluto dejación de responsabilidades" por parte de la Xunta, "que no se desentiende de sus atribuciones" en favor de los municipios. Para ejemplificarlo, apuntó que un artículo establece la potestad de sustitución del Ejecutivo gallego cuando un ayuntamiento no asuma sus competencias en materia de emergencias de forma reiterada.

Por su parte, la diputada socialista Beatriz Sestayo aseguró que la nueva ley "cambia absolutamente el sistema" porque "el PP no tenía modelo". Según ella, la Ley de Emergencias aprobada hoy clarifica las competencias entre administraciones, separa a los profesionales de los voluntarios en la Protección Civil y ordena la formación de ambos.

Rechazos sindicales

Los sindicatos de bomberos ya anunciaron movilizaciones «contundentes» contra la norma, si no recoge sus demandas.
UGT, CIG y CC.OO. exigen que a la reunión convocada para el 3 de mayo por Protección Civil con los sindicatos acuda el conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu. Xavier Picón, de la CIG; Juan Carlos Fernández, de UGT; y Cástor Fernández, de CC.OO., denunciaron que esta ley, «en la que ni se menciona a los bomberos, es mala y perjudicial para los intereses de Galicia», con lo que, aseguró Cástor Fernández, «es un día de luto» para las emergencias.

Coincidió con el resto de los compañeros en que el texto del proyecto fue elaborado sin tener en cuenta el consenso y sin haber sido pactado con los agentes sociales con lo que, entienden, se deja en manos del voluntariado trabajos que deben hacer los profesionales. «Consolida la privatización al dejar en manos de consorcios privados las emergencias».

La Mesa Intersindical de Bomberos demandó que, en el marco de esta ley, se elabore una norma reguladora de su trabajo, al tiempo que criticó que el texto asigne a voluntarios tareas reservadas a profesionales y consideró que abre la puerta a la privatización de servicios.

Sin embargo, la Consellería de Presidencia replicó al colectivo sindical que, con esta norma, los servicios de bomberos tendrán su propio estatuto, que se elaborará en el plazo de un año, mientras también ha argumentado que la norma ordena el funcionamiento y la formación del voluntariado.