El Parlamento aprueba la Ley de Protección del Litoral para evitar el urbanismo caótico en la costa gallega que también denuncian los arquitectos

El Parlamento gallego aprueba la ley de medidas urgentes para el litoral, que trata de evitar que el «crecimiento caótico» del urbanismo sea «irreversible», en opinión de la conselleira de Política Territorial, María José Caride, aunque el PPdeG se opuso abiertamente a la norma por entender que «paralizará Galicia».

Esta ley, que entra en vigor tras su publicación en el DOG, en plena campaña electoral, establece una suspensión cautelar y transitoria de todos los nuevos desarrollos urbanísticos en una franja de 500 metros de la línea del litoral, aunque quedexcluido el suelo urbano consolidado. Su aplicación será temporal, un máximo de dos años, porque se mantendrá vigente sólo mientras los municipios no adapten sus planeamientos a la norma actual o no entre en vigor el futuro plan de ordenación del litoral, que establecerá criterios generales.

La norma afecta a todos los municipios que no tienen adaptados su planes generales a la ley de suelo, es decir, todos los costeros salvo el de Pobra do Caramiñal, que sí lo ha hecho. En total, afecta a 86 municipios, de los que 47 son de la provincia coruñesa, 30 de Pontevedra y 9 de Lugo. Es de aplicación no sólo a municipios de costa, sino también aquellos que lindan con ríos afectados por la interacción de las mareas.

María José Caride sostuvo que la norma trata de acabar con el «caótico» crecimiento urbanístico de Galicia, con el «todo vale», con el «unos pocos crecen, y los demás nos lamentamos». Durante la época del PP se optó, dijo, por «dejar hacer» y se apostó por «intereses crematísticos», pero ahora hay que poner fin al deterioro urbanístico en la costa «antes de que sea irreversible». Caride sostuvo que en prácticamente toda la cornisa cantábrica se han aprobado leyes similares de protección por unanimidad, y puso como ejemplo que en Asturias, tras diez años de aplicación, se ha satisfecho a todos los sectores económicos y sociales. «No se queden solos en este viaje», dijo Caride al PP, en la defensa de una ley que persigue «un país habitable y respetuoso con su contorno, una Galicia de la que nos sintamos orgullosos, en la que términos como «feísmo» o «marbellización» no tengan sentido».

Mientras, la diputada popular Pilar Rojo, que calificó de «rodillo puro y duro» la negativa de los grupos de Gobierno a aceptar enmiendas de su grupo, sostuvo que se trata de una ley «electoralista» y, a su juicio, está hecha en beneficio de los municipios gobernados por el PSOE y el Bloque. Igualmente, Rojo destacó que la ley «paralizará Galicia», tendrá un efecto negativo en la economía, e insistió en el previsible aumento del precio de la vivienda y el suelo.

Mientras, tanto el portavoz de urbanismo del PSOE, Abel Losada, como la del BNG, Carme da Silva, destacaron que el modelo urbanístico del PP da lugar a «especulación» en la costa. La ideología popular, dijo Da Silva, prima «lo privado por encima de lo público» y acusó al PP de «ejemplo de irresponsabilidad política y demagogia sin límites» por su campaña contra la ley, por que a su juicio, los populares pretenden que se mantenga la vorágine de «cada uno haga lo que le da la gana».

Finalmente, Losada indicó al PPdeG que, al final en este proyecto se quedará solo. «Solos no, con los promotores», subrayó.

Alcaldes del PP, que comenzó el pasado fin de semana una campaña informativa para «alertar» a los vecinos de las «nefastas consecuencias» que tendrá esta ley, acudieron a la tribuna de invitados del Parlamento, donde aplaudieron la intervención de la diputada popular Pilar Rojo, y entre los que se encontraba también el secretario general de los populares, Alfonso Rueda. Esta reacción supuso que la presidenta de la Cámara, Dolores Villarino, les apercibiese para que se abstuviesen de hacer manifestaciones y, como se repitieron los aplausos, ordenó que dejasen el hemiciclo quienes se expresaron, ante lo que salieron sólo unos cuantos. El alcalde de Cambados, José Manuel Cores, consideró que la presidenta hizo un uso partidista de la institución, ya que él, como senador sabe, dijo, que la interpretación del reglamento puede ser más flexible, e insistió en que esta norma dañará a todos los municipios costeros.

Por otra parte, el presidente del Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG), Alberto Unsain, denuncia que el 75% de la costa gallega padece una «construcción masiva», en espacios antes vírgenes, que se equipara a la situación en la Costa del Sol. El arquitecto coruñés pronosticó un futuro «terrorífico» en estas condiciones, aunque puntualizó que «todavía se está a tiempo y hay que reaccionar» ante este tipo de urbanismo.

De este modo, apeló a los políticos para «que se conciencien de la necesidad de proteger el litoral, a toda costa», y que respalden la Lei de Medidas Urgentes de Protección del Litoral, que impide construir a menos de 500 metros del mar. «Bienvenida sea la normativa, pero tiene que ejecutarse y cumplirse en tiempo y forma», observó Unsain, quien aseguró que el 95% de la población gallega vive en un municipio con un planeamiento urbanístico «ilegal».

Recordó que la Lei do Solo fue aprobada en 2002 y que se daban dos años para que los ayuntamientos adaptasen sus planeamientos urbanísticos, cosa que la mayoría no ha hecho cinco años después, recalcó. Sólo once municipios, ninguno en la costa y donde reside apenas el 5% de los gallegos, ha cumplido con la obligación de adaptarse a la lei de 2002. En opinión del representante del COAG, parte del retraso en la aprobación de estos planes se debe a la falta actual de técnicos en los ayuntamientos.

Al mismo tiempo, aseveró que hay decretos de esta norma autonómica «incumplidos flagrantemente» y apostilló que «si la Xunta fuera una empresa, todos los políticos estarían ya en la calle». Unsain defendió sus críticas a la construcción «masiva», con datos del informe Corine Land Cover, dirigido por la Agencia Europea de Medio Ambiente y coordinado, en España, por el Instituto Geográfico Nacional, para medir el volumen de superficies artificiales. Se trató de calcular los espacios vírgenes convertidos en suelos ocupados por urbanizaciones residenciales, parques empresariales e infraestructuras de comunicación. El estudio abarcó una primera fase, de 1985 a 2000, en la que aumentaron un 20% estas superficies artificiales, mientras que de 2000 a 2005 constató un proceso de «artificialización intensiva» en el 75% de la costa. Además en 87 municipios costeros los visados de viviendas han crecido una media del 80%, si bien en el caso de Malpica (A Coruña) el incremento fue de un 1.700% y en Foz (municipio de Lugo con 10.000 habitantes) se visaron más inmuebles que en A Coruña, donde residen más de 250.000 personas.

El presidente del COAG en A Coruña también se apoyó en un informe de Greenpeace del año 2006, en el que se constata que más de 50 municipios, que suman unos 600.000 habitantes, vierten directamente sus residuos sólidos y líquidos al mar. De este modo, reprochó a los poderes políticos que permitan la construcción de viviendas, sin prever infraestructuras para toda las personas que las van a ocupar.

Puso como ejemplo el caso del concello lucense de Barreiros, en donde hay visadas viviendas para ser ocupadas por el doble de la población que en la actualidad reside en este municipio y se preguntó si se ha previsto una red de infraestructuras para darles servicio. Para que todas estas denuncias «no se queden en papel mojado», la delegación coruñesa del COAG inaugura una exposición titulada «Cambios de ocupación del suelo en España. Artificialización del litoral».