Afectados por el sobreprecio en viviendas protegidas creen que el expediente de Vivenda a Construcuatro es sólo un paripé

La Consellería de Vivienda y Suelo ha abierto un expediente sancionador a la promotora del dirigente del PPdeG Telmo Martín y a dos agencias inmobiliarias por el cobro de sobreprecios en la compraventa de vivienda protegida, según informó este departamento autonómico. El expediente está relacionado con el edificio Teixugueiras, de 96 viviendas, situado en la parroquia de San Paio de Navia, en Vigo.

El departamento autonómico señala en un comunicado que la documentación y las declaraciones por escrito recabadas durante la fase de investigación muestran «indicios suficientes» para abrir este expediente, que se resolverá en el plazo máximo de seis meses. Añade que el pasado 23 de agosto la Delegación Provincial de Pontevedra recibió dos denuncias en las que sus autores aseguraban haber pagado un «sobreprecio de entre 21.000 y 33.000 euros» a la empresa promotora del edificio. El 28 de agosto, la Delegación decidió iniciar un expediente de investigación en base a «actuaciones previas e información reservada», tras las dos denuncias presentadas, a las que se sumó otra el 4 de septiembre.

Una vez iniciada la investigación, la Delegación llamó a declarar a los 87 propietarios de los 96 pisos del inmueble, 21 de los cuales denunciaron el presunto cobro de sobreprecios que oscilan entre los 12.000 y los 42.000 euros, apunta la nota.

La Consellería continúa la investigación que, tras la declaración de los denunciantes, hizo extensiva a todas las personas mencionadas por estos como intermediarios de los cobros. Según este departamento de la Xunta, de confirmarse el expediente de sanción,se trataría de «una falta muy grave cuyas sanciones» integrarán «la devolución de todas las cantidades indebidamente percibidas, el pago por parte de la promotora de 978.000 euros y la inhabilitación de la promotora para construir vivienda protegida en seis años». Las 96 viviendas que integran el edificio de Teixugueiras son pisos de protección autonómica con un precio que oscila entre los 104.000 y 146.000 euros en función de la superficie.

Tras la entrada en vigor del Registro Único de Demandantes de Vivienda Protegida, los pisos todavía sin vender pasarán a ser adjudicados directamente por la Consellería de Vivienda. Con el nuevo sistema, el departamento autonómico es el que adjudica las viviendas tras un sorteo ante notario entre todos los demandantes inscritos en el Registro, cuya solicitud se adapte a las características de la promoción de viviendas.

Telmo Martín es un controvertido promotor de la localidad portuaria de Sanxenxo, en la que ejerció de alcalde, para posteriormente abandonar el cargo con el fin de presentarse a los comicios municipales de la ciudad de Pontevedra en mayo pasado como candidato del PPdeG, aunque no logró los suficientes votos.

Los afectados no han recibido bien el expediente de la Xunta ya que consideran que llega tarde, ya que conocían los hechos desde hace una año y no hicieron nada hasta el momento, y además porque supondrá un impedimento para la investigación judicial que se está llevando en torno al caso. De hecho, el abogado que lleva el caso, Antonio Salceda incluso espera que la administración autonómica paralice este expediente para que siga adelante la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo.

Los afectados por el presunto cobro de sobreprecios en la venta de pisos protegidos, en el polígono de San Paio de Navia (Vigo), calificaron de "paripé" el expediente sancionador que la Consellería de Vivenda ha abierto contra la empresa constructora de estas viviendas, Contrucuatro. Esta promotora, participada por el presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín, podría ser sancionada con una multa de casi 1 millón de euros y la inhabilitación de seis años para construir vivienda protegida.
En declaraciones a Europa Press, uno de los afectados, Pedro Brites, afirmó que la decisión de la consellería "era una medida" que se esperaban pero cuestionó la eficacia de la misma porque, por un lado, aseguran que la empresa "ya no tiene interés en construir vivienda pública, por lo que no le afecta la inhabilitación"; y, por otro lado, no confían en recuperar su dinero "si no es por vía judicial". Brites reiteró que los afectados, casi 90 personas que adquirieron su piso en un inmueble de la calle Teixugueiras, por el que pagaron un sobreprecio en "dinero negro" de entre 14.000 y 41.000 euros, "no confían en que se les vaya a devolver el dinero sólo porque la Xunta haya abierto un expediente".

En su opinión, esta decisión de Vivenda "es una maniobra para lavarse las manos ante la opinión pública y que no puedan decir que no hicieron nada", pero recordó que la sanción impuesta a otra empresa, Vigolar, también acusada de cobro irregular en la venta de pisos protegidos en ese polígono, "no sirvió para nada".
Este afectado recordó que, si la empresa tuviera que devolver todo el dinero cobrado de forma fraudulenta debería abonar más de 3 millones de euros a los casi 90 afectados y subrayó que "no será tan fácil", ya que "probablemente la empresa recurrirá esta decisión y ni siquiera pagará la sanción".

Por su parte, el abogado que defiende los intereses de este grupo de afectados, Antonio Salceda, acogió con escepticismo y duras críticas la noticia de la apertura de este expediente y recordó que dicho expediente debe paralizarse porque había una causa penal abierta previamente "que siempre prevalece sobre la vía administrativa". Salceda lamentó la forma en que la consellería gestionó esta cuestión ya que, "al principio ni siquiera hicieron caso de las denuncias que hicieron los afectados y no han hecho nada hasta que lo ocurrido salió en los medios de comunicación". "Muchas personas fueron a denunciar el cobro de sobreprecios y les dijeron en la Xunta que eso era imposible", lamentó, al tiempo que anunció que pedirán "responsabilidades" a la Administración gallega por esta actitud. Con respecto a la paralización del expediente, Salceda manifestó su esperanza en que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo, que investiga estos hechos, acepte esa petición y recordó que, en todo caso, si hubiera una sanción impuesta por vía judicial "siempre prevalecería sobre la multa que imponga la Xunta".