Luz verde a la nueva Ley de Consumo que prevé la creación de una escala de inspectores para proteger los derechos de los consumidores
El Parlamento aprueba, con los votos favorables del PP, continuar con el trámite del Proyecto de Ley de Inspección de Consumo de Galicia que prevé la creación de una escala profesional de inspectores y subinspectores para vigilar, verificar y constatar el cumplimiento de los derechos de los consumidores y usuarios en la comercialización de productos y prestación de
servicios.
El proyecto de ley de inspección de consumo de Galicia obliga a las empresas a cumplir las exigencias, cumplimiento y aplicación de la normativa vigente en materia de protección y defensa de los derechos de los consumidores.
Además, los usuarios, las personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades estarán obligadas a suministrar toda clase de información y datos, incluídos los de carácter personal para salvaguardar los derechos de los consumidores a requerimiento de los órganos competentes en materia de consumo o de los funcionarios de la Inspección de Consumo.
Según esta normativa, la falsedad o la existencia de datos inexactos o incompletos en la información requerida se considerá como una infracción en materia de Consumo. Los funcionarios de la Inspección de Consumo, en el ejercicio de sus funciones, tendrán carácter de autoridad y podrán solicitar apoyo o auxilio a cualquier otra fuerza o cuerpo de seguridad del Estado.
Así, podrán visitar a las empresas y acceder libremente a ellas, sin notificación previa, si consideran que se están vulnerando los derechos de los consumidores.
Durante el debate de este proyecto de ley, el conselleiro de Industria, Juan Rodríguez Yuste, defendió la nueva normativa porque sirve para profesionalizar la actividad de los funcionarios de consumo. En este sentido, recordó que en la UE existen cuatro reglamentos y una recomendación sobre esta materia y señaló que este texto legislativo es novedoso y da cobertura jurídica a las inspecciones de consumo.
Yuste no descartó que este texto sea modificado en el futuro, aunque aclaró que habrá que esperar a nuevas normativas europeas, ya que hay que esperar que las aguas estén más tranquilas, porque las dificultades de este proyecto son salvables, indicó.
Sin embargo, tanto el PSdeG como el BNG, presentaron enmiendas a la totalidad y reclamaron la devolución de este proyecto de ley. Así, apostaron por un impulsar y reformar el Estatuto Galego do Consumidor e Usuario. La socialistas Natividad González Laso acusó al PP de dar un golpe de agenda electoral y de no mirar a los intereses del país. Así, criticó a los populares por no actuar antes y señaló que la esta competencia ya fue transferida hace 22 años.
Además, destacó que este texto legislativo degrada la actividad legislativa del Parlamento porque ningunea los órganos consultivos de la Xunta, dijo en relación al Consello Económico de Galicia y el Consello Consultivo de Galicia.
González Laso también criticó este proyecto de ley porque carece de una visión globalizadora e integradora, genera más confusión legal, no garantiza los derechos de los trabajadores y vulnera la participación de los ciudadanos.
En el mismo sentido se manifestó el nacionalista Domingos Merino, quien subrayó que la nueva normativa no tiene una vocación global y no soluciona los problemas de los consumidores. Además, precisó que mantiene a Galicia en la cola de las comunidades
autónomas en normativas sobre consumo.
servicios.
El proyecto de ley de inspección de consumo de Galicia obliga a las empresas a cumplir las exigencias, cumplimiento y aplicación de la normativa vigente en materia de protección y defensa de los derechos de los consumidores.
Además, los usuarios, las personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades estarán obligadas a suministrar toda clase de información y datos, incluídos los de carácter personal para salvaguardar los derechos de los consumidores a requerimiento de los órganos competentes en materia de consumo o de los funcionarios de la Inspección de Consumo.
Según esta normativa, la falsedad o la existencia de datos inexactos o incompletos en la información requerida se considerá como una infracción en materia de Consumo. Los funcionarios de la Inspección de Consumo, en el ejercicio de sus funciones, tendrán carácter de autoridad y podrán solicitar apoyo o auxilio a cualquier otra fuerza o cuerpo de seguridad del Estado.
Así, podrán visitar a las empresas y acceder libremente a ellas, sin notificación previa, si consideran que se están vulnerando los derechos de los consumidores.
Durante el debate de este proyecto de ley, el conselleiro de Industria, Juan Rodríguez Yuste, defendió la nueva normativa porque sirve para profesionalizar la actividad de los funcionarios de consumo. En este sentido, recordó que en la UE existen cuatro reglamentos y una recomendación sobre esta materia y señaló que este texto legislativo es novedoso y da cobertura jurídica a las inspecciones de consumo.
Yuste no descartó que este texto sea modificado en el futuro, aunque aclaró que habrá que esperar a nuevas normativas europeas, ya que hay que esperar que las aguas estén más tranquilas, porque las dificultades de este proyecto son salvables, indicó.
Sin embargo, tanto el PSdeG como el BNG, presentaron enmiendas a la totalidad y reclamaron la devolución de este proyecto de ley. Así, apostaron por un impulsar y reformar el Estatuto Galego do Consumidor e Usuario. La socialistas Natividad González Laso acusó al PP de dar un golpe de agenda electoral y de no mirar a los intereses del país. Así, criticó a los populares por no actuar antes y señaló que la esta competencia ya fue transferida hace 22 años.
Además, destacó que este texto legislativo degrada la actividad legislativa del Parlamento porque ningunea los órganos consultivos de la Xunta, dijo en relación al Consello Económico de Galicia y el Consello Consultivo de Galicia.
González Laso también criticó este proyecto de ley porque carece de una visión globalizadora e integradora, genera más confusión legal, no garantiza los derechos de los trabajadores y vulnera la participación de los ciudadanos.
En el mismo sentido se manifestó el nacionalista Domingos Merino, quien subrayó que la nueva normativa no tiene una vocación global y no soluciona los problemas de los consumidores. Además, precisó que mantiene a Galicia en la cola de las comunidades
autónomas en normativas sobre consumo.
R.
