Galicia defiende una aplicación de la Política Agrícola Comunitaria que tenga en cuenta sus intereses y peculiaridades

Rosa Quintana, que estuvo acompañada por la Directora Xeral de Produción Agropecuaria, Patricia Ulloa, reseñó que este consenso permitirá defender con fuerza los intereses de Galicia en el proceso de aplicación de esta política comunitaria.

La titular de Medio Rural e do Mar explicó que nuestra Comunidad apuesta, en primer lugar, por la garantía del mantenimiento sin recortes de los fondos que se vienen percibiendo de forma anual en Galicia de las actuales asignaciones de esta política.

También se defiende que los beneficiarios de las ayudas deben ser agricultores y ganaderos activos y que es preciso evitar distorsiones entre sectores y territorios en la aplicación de esta política, de tal forma que su comarcalización contemple las realidades y orientaciones productivas a nivel estatal.

Sobre la componente ecológica de la nueva PAC, Galicia entiende -tal como explicó la Conselleira- que esta no puede suponer en ningún caso una limitación de la viabilidad o capacidad productiva de las explotaciones.

Al tiempo, nuestra Comunidad estima que se debe respetar el porcentaje actual del 30% de los pagos directos que suponen en Galicia las ayudas acopladas (es decir, aquellas asociadas a un determinado volumen de producción), con especial sensibilidad de cara a la ganadería.

La Conselleria hizo una referencia especial al sector lácteo, estratégico para Galicia. En este terreno -dijo-, nuestra Comunidad defiende mecanismos de control de la producción en un escenario sin cuotas y trabaja con el Ministerio para hacer posible que existen alternativas para establecer posibles mecanismos de monitorización y gestión del mercado lácteo. La Conselleira explicó que se pueden proponer 2 tipos de herramientas, unas para la gestión ordinaria del mercado y otras que actuarían únicamente en caso de que se produzcan situaciones de serio desequilibrio en el mercado. Ambas opciones están siendo debatidas actualmente en las instancias comunitarias, a propuesta de España.